Federacion de Trabajadores de Puerto Rico

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400 empleados de TSA en la Isla tendrán representación laboral

Autoridades federales reconocen a la Federación Americana de Empleados del Gobierno

 

Por José A. Delgado Esta dirección electrónica esta protegida contra spambots. Es necesario activar Javascript para visualizarla

WASHINGTON -  Después de nueve años de debate, cerca de 400 empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) en Puerto Rico van a tener representación sindical.

Las autoridades federales reconocieron a la Federación Americana de Empleados de Gobierno (AFGE) como representantes de los empleados de TSA, que en total tiene sobre 40,000 empleados.

“Esto no sólo son nueve años de lucha, sino que es importante porque ocurre en momentos en que las uniones estamos bajo acecho en Estados Unidos y Puerto Rico”, indicó hoy Pedro Romero, representante nacional de AFGE, quien recordó que los ataques en contra de los sindicatos y empleados públicos comenzó en San Juan bajo el gobierno de Luis Fortuño.

Aunque la decisión de la Junta Federal de Relaciones de Trabajo se limitó a reconocer el derecho a la representación colectiva de los empleados que no ejercen tareas de supervisión en TSA, por orden administrativa el jefe de TSA, John Pistole, un ex subdirector ejecutivo del FBI.

Romero recordó que como candidato a la Casa Blanca el presidente Barack Obama se había comprometido a respaldar el derecho a la representación sindical de los empleados de TSA, una agencia creada después de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001.

 

Senado retoma el Proyecto 2085 del período probatorio

9 de junio- 2:57 p.m.

            Ante la fuerte oposición de los sindicatos al Proyecto 2085 del Senado, este cuerpo solicitó hoy a la Cámara de Representantes que se lo devuelva para considerarlo en vistas públicas que supuestamente permitirán al sector sindical articular y expresar su rechazo a la pieza legislativa.

            Así lo informó la Federación de Trabajadores de Puerto Rico (FTPR-AFL-CIO) por voz de su presidente, José Rodríguez Báez.

            «Había muchos indicios de que en la Cámara se trabajaba ayer aceleradamente para aprobar un informe favorable al proyecto y someterlo hoy mismo a votación. La pronta acción de cabildeo y presión de distintas uniones obreras surtieron el efecto de detener el proceso atropellado que se pretendía para aprobar lo que también es un atropello a los trabajadores», sostuvo Rodríguez Báez.

            El Proyecto 2085 extendería hasta por 24 meses el período probatorio que tiene un patrono para decidir si le da una plaza regular a un trabajador de nuevo reclutamiento. El Senado aprobó la pieza legislativa el 31 de mayo sin realizar vistas públicas.

            «Las uniones obreras fueron excluidas de la consideración de dicho proyecto. Solo las organizaciones patronales, como la Asociación de Industriales, la Cámara de Comercio, la Sociedad de Gerentes de Recursos Humanos y otras, fueron invitadas a enviar ponencias escritas. Éstas y el Departamento del Trabajo y el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio favorecieron la extensión del período probatorio, en perjuicio de los trabajadores», expresó Rodríguez Báez.

            Puntualizó que «no nos hacemos ilusiones» con las posibles vistas públicas que celebre el Senado sobre esta legislación.

            «Estamos firmes en nuestro rechazo a la extensión del período probatorio, sea a 24 meses o a un año. Si en vistas públicas nos permiten abundar en por qué esta legislación atropella más a la clase trabajadora, les expondremos nuestras razones. Pero no nos detendremos en una mera comparecencia ante el Senado que con tanta frecuencia desoye y descarta los reclamos de los trabajadores», concluyó el Presidente de la FTPR.

 

¿Por qué es nefasto el Proyecto del Senado 2085?

9 de junio-2:52 p.m

•         Porque permitiría a los patronos tener de rehenes por 24 meses a los empleados que recluten. Éstos no tendrían ningún derecho laboral y vivirían en una insoportable incertidumbre. Durante esos 24 meses, nadie les hará un préstamo, ni podrán hacer planes que impliquen compromisos económicos ya que en cualquier momento el patrono puede echarlos a la calle. Eso afectará negativamente la estabilidad de toda la familia trabajadora.

 

•         Porque es mentira que con alargar el período probatorio se generarán empleos y se reavivará la actividad económica. Ése es el mismo cuento que utilizó la Legislatura para favorecer a los patronos cuando enmendó la Ley de Cierre. El resultado de dicha iniciativa ha sido que los trabajadores perdieron beneficios y no se ha creado ni un solo nuevo empleo. ¿Hasta cuándo y hasta dónde llegará este Gobierno para complacer a las organizaciones patronales, que son las verdaderas autoras de este proyecto de ley?

 

•         Porque es mentira que los jóvenes no consigan empleo porque el período probatorio actual de tres meses es corto e insuficiente para adquirir destrezas en el trabajo. El altísimo desempleo entre los jóvenes y entre la población en general capacitada para trabajar es fruto de la incapacidad de los patronos para crear empleos. Éstos cabildean y obtienen cada vez más exenciones y privilegios, pero los empleos que prometen no aparecen.

 

•         Porque es un colosal embuste decir que el período probatorio vigente es causa para la deserción escolar, como se alega en la exposición de motivos de este engendro antiobrero. Las razones para abandonar estudios son de otra índole: pobreza de la oferta escolar, falta de un currículo coherente que motive a los estudiantes, y muchas otras, menos el hecho de que si algún día consiguen un trabajo tendrán que esperar tres meses antes de obtener la permanencia. ¿Acaso no será más la desmotivación cuando sepan que tendrán que esperar 24 meses para lograr una plaza regular? Además, ¿desde cuándo los patronos insaciables se preocupan genuinamente por la juventud, los estudiantes y la educación?

 

•         Porque en lo inmediato la extensión del período probatorio afectará a los trabajadores de patronos cuyos empleados no tengan una unión obrera y estén por tanto desprovistos de la protección de un convenio colectivo en el que se haya negociado sobre esa materia. A la larga, cuando venzan los convenios, los patronos pretenderán aferrarse al período probatorio extendido, o sea, a quitarles conquistas a los unionados.

 

•         Porque la Ley 80 que estableció el periodo probatorio de tres meses está vigente desde 1976, es decir durante los últimos 35 años, sin que haya hecho menos competitivos a los patronos que hoy quieren torcerla para su beneficio. Esos mismos patronos que utilizan a la Legislatura han acumulado cuantiosa riquezas y abultados caudales durante esos 35 años. No es que ahora sean menos competitivos porque tienen tres meses para decidir si retendrán a un trabajador en una plaza regular. Es que se han acostumbrado al güame de los subsidios, exenciones, privilegios del mantengo corporativo y se han tornado en capitalistas glotones, pero incompetentes.

 

Ésas y muchas otras razones demuestran que el Proyecto 2085 es un atropello de tipo semi-esclavista, es un anticipo de la llamada «reforma laboral» que este Gobierno pretende ir aprobando pedazo a pedazo para arrancarles protecciones y beneficios a la clase trabajadora.

 
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